El Pacto Verde Europeo compromete a los países de la UE a reducir radicalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero, a eliminar la contaminación con químicos o a buscar opciones sostenibles para la alimentación, entre otros objetivos. Todos esos propósitos requieren, por parte de las empresas, desde inversión en infraestructura hasta un cambio en los modelos de negocio.

Con este objetivo en mente, la UE quiere facilitar la financiación de aquellos proyectos empresariales comprometidos con el Pacto Verde. Para conseguirlo, ha desarrollado una regulación conocida como Taxonomía de la Unión Europea para actividades sostenibles, con el fin de clasificar a las empresas europeas según su nivel de impacto medioambiental.

Las firmas se verán obligadas a aportar información relativa a las acciones e inversiones que realizan para mitigar el impacto medioambiental, mediante la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa. Además, la UE les proporcionará herramientas que faciliten la creación de un sistema homogeneizado de transparencia. Esta legislación será obligatoria para las grandes empresas a finales de 2022 y, para las medianas y pequeñas, en 2026.

En cuanto a los objetivos que hacen que una acción se califique como sostenible, la regulación estipula que deben ser:

  1. Mitigación y adaptación del cambio climático.
  2. Uso sostenible del agua y protección de los medios acuáticos.
  3. Transición hacia una economía circular.
  4. Prevención y control de la contaminación.
  5. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Además, se establece que la acción debe contribuir a, al menos, uno de los objetivos sin dañar los otros y debe cumplir con unos requisitos sociales y los criterios técnicos establecidos por la Comisión.

Si bien este conjunto de regulaciones implica un coste añadido para las empresas en forma de burocracia, también son una oportunidad para sacar rédito por parte de aquellas instituciones con un gran compromiso medioambiental. Así, permite acceder a métodos de financiación exclusivos, como son los Bonos Verdes Europeos.

Desde la perspectiva de los Asuntos Públicos, los legisladores también podrán observar qué negocios son más sostenibles y dan una mejor imagen pública. Por ello, es recomendable que las firmas aprovechen para adelantarse a la legislación y empiecen cuanto antes con sus prácticas sostenibles. Así crearán una narrativa de cambio voluntario y de compromiso real con el medio ambiente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que cada vez más stakeholders están interesados en el compromiso con la sostenibilidad que adquiere una compañía. El hecho de que la UE obligue a todas las grandes empresas a preparar un informe estandarizado de sostenibilidad hará que los consumidores lo tengan más fácil para comparar alternativas, en beneficio de aquellas instituciones que realmente están dispuestas a contribuir a la lucha contra la contaminación o el cambio climático.