La que será la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto fue presentado el pasado 31 de agosto en el Consejo de Ministros, traerá consigo cambios sustanciales con respecto a la actual Ley Orgánica de Universidades (LOU), vigente desde hace 20 años. Según especifica el texto del anteproyecto de ley y explicó el propio ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los tres principales objetivos de la LOSU serían la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y poner fin a la precariedad del personal docente e investigador y establecer una carrera académica estable y predecible.

Además, tal y como está redactada, la normativa contemplaría otros aspectos relativos a la elección y permanencia en el cargo de los rectores, la promoción de la equidad, las becas para los estudiantes y la financiación y gestión presupuestaria:

  • Aunque se mantendría el sistema actual de elección del rector, se incluiría un segundo método a través de un comité de selección en el que un 30% serían personas no pertenecientes a dicha universidad y el estudiantado tendría una representación de un 10%. Una nueva fórmula que no comparten desde la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano estatal de deliberación, consulta y participación de los estudiantes universitarios, que representa a todas las universidades españolas. “Nos parece un modelo muy deficiente. La generalidad con la que está redactado deja abierta la puerta a que el proceso de elección de los componentes de ese órgano sea un foco de irregularidades, amiguismos y maniobras dirigidas a la elección de un candidato concreto. Además, siendo los estudiantes el colectivo mayoritario en la Comunidad Universitaria, el hecho de que se nos dé un peso del 10% (en torno a 2-3 personas) parece una carta blanca a gobernar para cualquiera menos para los estudiantes”, señala Guillermo Amilivia, vocal de CEUNE. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), asociación estatal compuesta por 33 universidades públicas y que representa a más de un millón de estudiantes universitarios, también se muestra disconforme.“Estamos frontalmente en contra del comité porque lo consideramos un órgano de decisión completamente opaco, sin controles y donde la comunidad universitaria está desequilibrada, dando una preponderancia ineficaz a la sociedad civil con dicho 30% que no sirve para ningún propósito, más allá del de acercar la universidad al modelo gerencial o de CEO”, denuncia su presidenta, Andrea Paricio.
  • Los requisitos para alcanzar el rectorado también se modifican. Hasta el momento, para acceder al cargo había que ser catedrático, pero con la LOSU, esa exigencia desaparece. Además, se exigirán 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios de docencia y 4 años de experiencia de gestión y se establece la limitación del mandato a seis años, frente a los ocho actuales. Andrea Paricio, presidenta de la CREUP, se muestra crítica al respecto: “Supone una carta en blanco sin una rendición de cuentas vertical a largo plazo y mediante un nuevo control mal planteado de moción de censura no constructiva (que además llaman moción de confianza sin ser auto presentada)”.
  • En lo relativo a la promoción de la equidad, la norma indica en su artículo 52 que “se podrán establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres”.
  • En cuanto a las becas, la LOSU agrega que: “se reconoce el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas al estudio” y que “la concesión de las becas y ayudas al estudio responderá a criterios socioeconómicos, sin perjuicio de los criterios académicos que deban satisfacer las personas beneficiarias”. Una propuesta cuya redacción “adolece de calidad y realismo”, según denuncian desde CREUP. “No se puede pretender denominar las becas de derecho subjetivo sin que realmente lo sea, lo que implica una eliminación de requisitos académicos por completo y que sea un acceso libre al derecho más allá del criterio socioeconómico como pilar de una política redistributiva. Entendemos que, para ser considerado realmente un derecho subjetivo, este tiene que desligarse de requisitos académicos, cosa que ni el actual anteproyecto ni los ministerios de Educación y Universidades (puesto que las becas son competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional) contemplan”.
  • Con respecto a la financiación, de acuerdo con las comunidades, se establecerá un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década. En cuanto a la gestión presupuestaria, cada institución estará obligada a tener una contabilidad analítica o equivalente y hacer rendición de cuentas. Además, se impulsarán el mecenazgo y nuevas fórmulas de ingresos, como los derivados de empresas creadas y participadas por las universidades o de patentes.

La realidad es que el anteproyecto de la LOSU no ha convencido a la comunidad estudiantil. Guillermo Amilivia, vocal de la CEUNE, asegura que “el propio planteamiento del sistema de gobernanza de la LOSU supone una minusvaloración de los estudiantes”. Una idea que comparten desde la CREUP: “Con este anteproyecto de ley, el Ministerio de Universidades no ha realizado un esfuerzo por ampliar nuestra carta de derechos y regular nuestro ejercicio del paro académico, que se asemeja al mecanismo de huelga de los trabajadores. En lugar de ello, recorta y resume los ya establecidos en la actual legislación”.

Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), mantiene silencio sobre el anteproyecto de ley, al menos hasta que finalice el periodo de consulta pública, por las posibles modificaciones que pudiera sufrir esta primera redacción de la futura norma.

Actualmente, el Ministerio de Universidades está llevando a cabo reuniones con los diferentes sectores de la comunidad universitaria para continuar dialogando y negociando sobre los puntos que contempla el anteproyecto de ley. Este martes, 28 de septiembre, están citados representantes de CRUE Universidades españolas, estudiantado, sindicatos, consejos sociales y representantes de las comunidades autónomas y de la Conferencia General de Política Universitaria. Una reunión en la que tratarán los capítulos de gobernanza de la LOSU. Desde CEUNE se muestran expectantes ante este encuentro: “Si todos los asistentes y el Ministerio tienen verdadera voluntad de diálogo, creemos que es una muy buena oportunidad para avanzar rápido y mejorar el capítulo de gobernanza, que es el más controvertido y el que más disgusta a todos los colectivos, muy especialmente al estudiantado”, señalan.

La tramitación del anteproyecto debería de continuar, tras haber pasado la fase de consulta pública, con su sometimiento a aprobación en el Consejo de Ministros, tras lo cual el Gobierno deberá remitir el ya anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades a la Mesa del Congreso de los Diputados, que ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios (de un máximo de 15 días) y el envío a la correspondiente Comisión. De completarse todos estos pasos, el dictamen de la Comisión se debatirá en el Pleno y se aprobará cuando consiga los votos a favor de la mitad más uno de los miembros de la Cámara.