¿Deberían registrarse los despachos de abogados que hacen lobby en el Registro de Transparencia?

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En 2011, la Comisión Europea puso en marcha el Registro de Transparencia en el que las organizaciones que representan los intereses propios o de terceros en la Unión Europea podían inscribirse de forma voluntaria y adherirse al código ético vigente. Cinco años después, más de 9.400 compañías y organizaciones forman parte de este Registro, aunque no todas están en él.

La Alianza para la Transparencia en el Lobby y la Regulación Ética (ALTER-EU) ha publicado un informe en el que denuncian la ausencia en dicho Registro de varias empresas de abogados que prestan servicios de lobby en la Unión Europea. El documento, titulado “Los despachos de abogados lobistas, asuntos pendientes” enumera hasta un total de 9 despachos de abogados de origen estadounidense que no están en el Registro de Transparencia pero ofrecen en sus páginas web servicios de lobby a nivel europeo.

Ante esta realidad demostrada, ALTER-EU, solicita a la Comisión Europea un cambio en la legislación para que la inscripción en el Registro de Transparencia de la UE sea obligatoria y vinculante a nivel legal. Para la Alianza, esta petición es la única solución para “conocer realmente qué grupos de interés influyen en la elaboración de las leyes y en la toma de decisiones en Europa”.

Una solicitud a la que también se ha unido la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, quien publicó una nota de prensa solicitando a la Comisión varias mejoras en el Registro de Transparencia con el fin de “ofrecer la imagen más certera posible de cómo exactamente una organización en particular trata de influir en los responsables políticos a nivel europeo”.

¿Qué opina la Comisión?

En verano de 2014, la Comisión Europea entrante, presidida por Jean Claude Juncker, propuso un acuerdo intrainstitucional entre la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo para aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones. La institución abrió una consulta pública para conocer la opinión de otros actores implicados en está cuestión, en la que reconocía que el lobby es una parte integral de una democracia sana.

Sin embargo, a día de hoy no se ha tomado ninguna acción jurídica al respecto y el Registro sigue siendo de carácter voluntario.

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