Santos Ortega es Director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España, la firma española de asuntos públicos más premiada a nivel internacional. Ortega ha sido galardonado recientemente con el premio Rising Star 2010 de la revista Campaigns & Elections.

En la película Thank You For Smoking, dirigida por Jason Reitman en 2005, los portavoces de la industria del tabaco, las bebidas alcohólicas y el sector armamentístico de Estados Unidos se reúnen cada semana en un exclusivo y discreto restaurante para intercambiar impresiones. Estos tres lobbistas, interpretados por Aaron Eckhart, Maria Bello y David Koechner respectivamente, se hacen llamar “El escuadrón oculto MDM (mercaderes de la muerte)” debido a la mala fama de las industrias que representan, motivo de vergüenza incluso para sus propias familias.

Resulta sintomático la selección de industrias que hace esta entretenida película, ya que son de las más impopulares entre la opinión pública. Sin duda, esta selección ayuda que el film tenga un mayor tirón comercial pero ofrece, una vez más, una visión distorsionada del lobbying. A pesar del tono satírico e hiperbólico de la película, la imagen que una buena parte –acaso la mayoría- de la opinión pública de los países occidentales tiene del lobbying y sus profesionales no se aleja mucho de la que se nos presenta en Thank You For Smoking.

En Europa y países como España esta percepción negativa está, si cabe, aún más extendida, debido a la escasa tradición en el ámbito de los asuntos públicos, que hasta hace poco se identificaban más con el tráfico de influencias que con una actividad legítima. Una percepción que quedó clara, por poner un ejemplo, en la cobertura que los medios europeos hicieron de la reforma sanitaria en Estados Unidos, presentando a los grupos de presión como verdaderos demonios que impedían el avance en el proceso legislativo a través de agresivas campañas. Que los lobbies jugaron un relevante papel en este proceso es innegable -ya en noviembre de 2009 defensores y detractores de la reforma se habían gastado más de 396 millones de dólares intentando convencer a la clase política, según una estimación de CNN Money-. Pero los periodistas hablaban de “grupos de presión”, y se referían a ellos con sinónimos como “poder en la sombra” sin aportar datos ni pruebas, otorgándoles automáticamente el rol del villano de la película, el mismo que interpretaban los tres maquiavélicos personajes mencionados en Thank You For Smoking. Olvidaban que buena parte de la presión procedía de la sociedad civil, organizada a través de plataformas como MoveOn o The 60 plus Association.

Aún así, no todo son malas noticias para los profesionales de los asuntos públicos. Desde hace ya varios años parece que algo está cambiando en el lobbying. Se trata de un proceso que se está desarrollando paso a paso, sin prisa pero sin pausa, en diferentes escenarios y que apunta en dos direcciones fundamentales: por un lado, hacia una mayor regulación y transparencia del lobbying y las relaciones institucionales, lo cual contribuirá a una mayor legitimidad y, esperemos, aceptación de la actividad. Por otro, hacia la profesionalización del lobbying, una actividad cada vez más extendida con un empuje que parece imparable; no sólo en Washington, capital de los asuntos públicos por excelencia, sino también en Latinoamérica y Europa.

En busca de una mayor transparencia

La primera década del siglo XXI ha sido muy fructífera en lo que a la regulación del lobbying se refiere. Incluso en Estados Unidos, donde los primeros ejemplos de esta actividad se remontan al siglo XIX, hemos asistido a un proceso de re-regulación de la misma. El ejemplo más inmediato es la aprobación durante el mandato de George W. Bush de la llamada Honest Leadership and Open Government Act en 2007 -diseñada para complementar a la Lobbying Discolure Act del año 1995-, que introdujo nuevos requisitos para garantizar la transparencia en torno a los grupos de interés y restringir lo que se conoce como revolving door (el tránsito de ex-empleados del sector público al sector privado, generalmente a aquellas empresas con las que se relacionó en su etapa como funcionario, para practicar el lobbying).

En Europa asistimos actualmente a un proceso de regulación apasionante que pretende situar al continente al mismo nivel que Estados Unidos. En 2005 la Comisión Europea órgano ejecutivo dentro de la compleja organización institucional de la Unión Europea- puso en marcha la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, nacida del deseo de garantizar “un elevado nivel de transparencia”, en la creencia de que “la Unión debe someterse al control público y rendir cuentas de sus actividades”.

Un año más tarde, se presentó el Libro Verde de la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, documento destinado a canalizar y promover el debate en el que se recogían algunas recomendaciones, entre las que se encontraba la de “establecer un marco más estructurado para las actividades de los grupos de interés”, también denominados grupos de presión. El objetivo final es, básicamente, que el público esté informado de la aportación de los grupos de presión en las instituciones europeas: a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian.

El Libro Verde recogía la posibilidad de establecer un registro de grupos de interés, que en 2008 se convirtió en una realidad. Actualmente, ya hay cerca de 2.800 grupos de interés dados de alta en este registro de carácter voluntario, en el que figura una cifra orientativa del volumen de negocio de cada uno de ellos, así como sus áreas de actuación preferentes. Entre dichos grupos hay consultoras, sindicatos, asociaciones profesionales, ONGs, etc., que con su adhesión al registro se comprometen a respetar un Código de Conducta elaborado por la Comisión.

Tras un proceso de análisis de los resultados obtenidos desde su apertura, la Comisión y el Parlamento Europeo han retomado recientemente el trabajo con el objetivo de introducir mejoras en registro, referidas a cuestiones técnicas y administrativas, como los mecanismos de quejas y sanciones. Además, algunas voces abogan por la obligatoriedad de registrarse, pero no parece que esta medida vaya a implantarse, al menos de momento. Una asignatura pendiente sigue siendo el rol de los bufetes de abogados, que se acogen al principio de confidencialidad para evitar este registro. Otro grupo al que la Comisión ve una operatividad de lobbista es a los think-tanks, mientras que este colectivo sólo se considera como un “banco de ideas”.

El proceso seguido en la UE, todavía en marcha, no es más que la versión a gran escala de otras regulaciones aprobadas por los estados de forma unilateral con el objetivo de regular el lobbying en sus instituciones. Desde el año 2000, varios estados han aprobado un marco normativo específico para la actividad de los grupos de interés –Israel, Perú, Taiwan, Polonia y Francia entre ellos-. Y en muchos otros, la regulación del sector está próxima. Es el caso de España y los países del entorno mediterráneo, los profesionales de los asuntos públicos estamos abogando por una mayor transparencia y un registro similar al de las instituciones europeas. El escenario ideal sería la obtención de acreditaciones para el acceso a las cámaras legislativas, igual que se hace con los periodistas parlamentarios desde hace años.

La profesionalización del lobbying

Hablábamos al comienzo de este artículo del auge del lobbying en los sistemas democráticos actuales. Pues bien, basta echar un vistazo a algunas de las cifras de las que se dispone para confirmar esta realidad. De acuerdo con las estadísticas de OpenSecrets.org, el gasto total en actividades de lobbying en Estados Unidos ha pasado de los 1.440 millones del año 1998 a los 3.490 millones en el año 2009. Podría pensarse que esta última cifra resulta poco orientativa por referirse al período de negociación y aprobación de la reforma sanitaria, pero si se observa la evolución del gasto en los últimos diez años, se aprecia que ésta ha sido siempre creciente. El número de lobbistas también ha aumentado: de 10.403 en 1998 a 13.754 el año pasado (siempre de acuerdo con los métodos y criterios de cálculo de esta página web).

En Europa la situación no es muy distinta. Se calcula que hay más de 3.000 grupos de interés con una presencia activa en Bruselas, a los que habría que añadir las cerca de 300 compañías con departamentos de asuntos públicos y las consultoras y gabinetes de abogados que prestan este tipo de servicios. En total, el lobbying da empleo a unos 12.000 profesionales.

Pero estas cifras por sí solas no significan nada. Lo verdaderamente destacable es el nuevo estatus que está adquiriendo el lobbying, en pleno proceso de profesionalización. En Estados Unidos, por su larga tradición, el debate acerca de la legalidad y legitimidad de los lobbies hace tiempo que se cerró, pero este debate ha permanecido abierto en Europa hasta hace bien poco. La Iniciativa Europea a favor de la Transparencia le puso fin reconociendo la actividad de los grupos de interés como “una actividad legítima en un sistema democrático, independientemente de si la realizan ciudadanos o empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés o empresas que trabajan para terceros”. Por lo tanto la cuestión ya no es si se debe o no legalizar el lobbying. La cuestión es cómo normalizar una actividad legal y legítima. No hay marcha atrás en esta cuestión.

Desde MAS Consulting España consideramos esencial la labor formativa para la normalización y profesionalización del sector, especialmente para aquellos países con menos influencia de la cultura anglosajona. Resulta paradójico que en todas las escuelas de negocios y universidades americanas haya un apartado para asignaturas como Government Affairs y en países como España apenas si se incluye en los temarios bajo el nombre de Relaciones Institucionales, un modo reduccionista de tratar esta actividad. Por ello, nos hemos animado a poner en marcha de cara al año 2011 el primer postgrado de lobbying en España.

El lobbying del siglo XXI, al servicio de los ciudadanos

El principal problema al que se enfrenta el lobbying hoy en día consiste en el desajuste entre identidad e imagen, tan frecuente en los procesos comunicativos y tan difícil de resolver. Por un lado, tenemos a los profesionales del sector, que en su amplia mayoría desean desarrollar su actividad, una actividad legítima y, subrayémoslo, necesaria, de forma transparente (suelen ser ellos mismos los que piden una mayor regulación) y rigurosa. En el extremo opuesto tenemos la imagen que el público tiene de esa profesión, que no se acerca en lo más mínimo a la imagen que los primeros desean proyectar, en buena parte debido a la óptica distorsionadora de los medios de comunicación. Bastaría con que éstos poseyeran un mayor nivel de conocimiento de la actividad para que este tratamiento negativo cambiase. Si supieran e informasen de las actividades de lobbying para el fomento de las energías renovables o las de las ONGs para tener un mejor tratamiento fiscal, esa demonización desaparecería.

Sin duda, los avances en la regulación y normalización del lobbying contribuirán a mejorar su imagen entre los ciudadanos. Pero la otra mitad del trabajo le corresponde al propio sector, no sólo a través de la autorregulación, sino haciendo lobbying del lobbying. En MAS Consulting España estamos convencidos de que la mejor forma de conseguir que el lobby adquiera legitimidad entre la opinión pública es haciendo que los ciudadanos comprueben que ésta no es una herramienta al servicio de “poderosas y oscuras” corporaciones, sino que es un recurso al que ellos mismos pueden recurrir, contribuyendo al desarrollo de una democracia más participativa.

Dos circunstancias contribuirán previsiblemente al acercamiento del lobbying y los ciudadanos en los próximos años:

• La Iniciativa Legislativa Popular: se trata de una forma de participación ya presente en muchos países que adquiere una nueva dimensión ante las posibilidades de comunicación y organización ofrecidas por Internet. Recoger un millón de firmas en apoyo de una determinada causa es mucho más fácil ahora que hace cinco, o incluso dos años. Un millón es precisamente el número de firmas que establece el Tratado de Lisboa, ratificado en 2007 por la Unión Europea en sustitución del fracaso proyecto constitucional, para que la Comisión presente una propuesta ciudadana en el seno de la Unión. Se abre así la puerta a una mayor participación de los ciudadanos en la política transnacional, avance realmente sustancial si se piensa en la relativa facilidad con la que se pueden recaudar un millón de firmas entre una población de más quinientos millones de habitantes.

• La segunda circunstancia no se limita al ámbito europeo. Consiste en las ya mencionadas posibilidades que ofrece Internet, la web 2.0. en particular, para reunir y movilizar a grupos con intereses comunes en la defensa de las más diversas causas. Organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace hace tiempo que descubrieron las virtudes de la comunicación online. Y, como ellas, cualquier ciudadano, organización o institución tiene ahora al alcance de su mano la posibilidad de crear poderosas redes de conversación, debate y presión; los ciudadanos han de comprender que ellos mismos pueden convertirse en lobbistas. Sólo así dejarán de pensar en los lobbies como grupos de manipulación masiva ajenos a las leyes de la democracia y la representación política.

Pese a la progresiva desaparición de las ideologías de izquierda y derecha en buena parte de los países occidentales –con gobiernos de izquierdas que aprueban medidas de recorte del gasto social y partidos de derechas que fomentan la subida de impuestos- persisten un buen número de cuestiones de identidad (en torno a la sexualidad, la religión, el aborto, los derechos sociales etc.) que en los próximos años seguirán marcando la agenda política de las democracias. Los ciudadanos tienen mucho que decir en todas estas cuestiones, con lo que es previsible que con las nuevas formas de comunicación y participación se animen a tratar de influir en el proceso de toma de decisiones.

Es en este último punto donde las agencias de asuntos públicos y consultores políticos pueden marcar la diferencia con respecto a los bufetes de abogados y lobbistas tradicionales. La batalla no se libra sólo en el despacho de un político o en una reunión en el Parlamento; las batallas se libran, más que nunca, en la opinión pública, en las mentes de los ciudadanos, con lo que será necesario potenciar el aspecto comunicativo del lobbying. Por eso, lo idóneo es una acción conjunta entre la actividad de despacho y la presión mediática que haga ver al político que el tema tratado en su despacho también está en la agenda de los medios de comunicación. En este escenario, el know-how de los consultores políticos, acostumbrados a movilizar y motivar a los ciudadanos en procesos electorales, es de de gran utilidad.

Nos encontramos así ante un momento decisivo para los profesionales de los asuntos públicos y la consultoría política. Nuestra pericia a la hora de convencer a los ciudadanos de que el lobbying, más que una posibilidad, es una necesidad para el desarrollo de la participación democrática, determinará el futuro de esta disciplina.

El siglo XXI será el siglo del lobbying. La gran diferencia con épocas pasadas es que ese vestíbulo, ese lobby, se ampliará, tendrá más recovecos, y dará cabida a todo tipo de organizaciones que quieran que sus puntos de vista se tengan en consideración en la toma de decisiones.